Debido a que es un asunto de interés público el que involucra a diversos funcionarios del ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, particularmente al alcalde José Luis “N”, en presuntos hechos delictuosos por los cuales se han abierto tres carpetas de investigación por parte de Fiscalía General del Estado, se hace pública la siguiente información:
El contralor interno de dicho ayuntamiento instauró un proceso administrativo contra el presidente municipal, en virtud de que este tiene familiares en puestos importantes dentro del ayuntamiento, realiza cobros indebidos a locatarios y retiene dinero de la nómina de los servidores para posteriormente desviarlos, además de tener trabajadores del ayuntamiento realizando labores de índole particular, hechos de los cuales la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción de Nayarit (SESLAN) tuvo conocimiento y presentó denuncias ante esta Fiscalía.
Según la denuncia presentada ante la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción el 3 de agosto de 2022, en contra del presidente municipal José Luis “N”, se advierte que este tiene familiares de su esposa trabajando en el Ayuntamiento, siendo esto contrario a la Ley Municipal. Ejemplo de lo anterior es que el cuñado del presidente realizaba funciones preventivas, cobro de multas y operativos de seguridad, sin ostentar formalmente un cargo público.
Por otra parte, se relaciona que existió un cobro indebido a locatarios desde los 100 a los 500 pesos que generaban ingresos mensuales de 800 mil pesos que no entran a las arcas del ayuntamiento. También se menciona que el presidente utilizó recursos del ayuntamiento en su beneficio, como renta de maquinaria cuya contraprestación fue directa para él, factura de servicios de construcción para una presunta obra a su nombre y generó eventos privados a costa del erario público, de lo cual existen diversos testimonios, por lo cual podrían configurarse los delitos de ejercicio indebido de funciones, peculado y tráfico de influencias.
En torno de la segunda carpeta de investigación, recibida por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, se conoce que durante las primeras horas del día 5 de agosto del actual, el contralor informó a dos regidores del ayuntamiento de Tuxpan sobre la situación del alcalde, en virtud de su cargo, en cuanto a la denuncia y el procedimiento administrativo en su contra, pero estos inmediatamente informaron de ello a la esposa del presidente, por lo que los regidores podrían ser responsables de los delitos de revelación de secretos y coalición de servidores públicos.
Finalmente, en la tercera carpeta de investigación integrada por la Unidad Especializada en Secuestros y Extorsiones, derivado de los anteriores hechos, en la madrugada del 5 de agosto de 2022 el contralor fue citado por la esposa del presidente -entonces presidenta del DIF municipal-, en su domicilio y ahí fue retenido contra su voluntad por la C. Lizbeth Amparo “N”, un hermano de ella que se encontraba armado y dos trabajadores del DIF.
Se conoce que durante la privación lo amenazaron con atentar contra su matrimonio y le dijeron que no se iría hasta que entregara copias de la denuncia presentada ante Fiscalía. El contralor accedió a que le tomaran fotos y después de ello lo dejaron retirarse. Por estos hechos podrían configurarse los delitos de privación de la libertad personal, amenazas y coalición de servidores público.
En torno de las investigaciones, hasta el momento se cuenta con la propia denuncia, 3 entrevistas a servidores del municipio, el oficio de investigación de la Agencia de Investigación Criminal que remite una inspección del lugar y diversas entrevistas de personas con relación a los hechos. Además, se recibió información del ayuntamiento de Tuxpan que remitió los múltiples expedientes laborales de los imputados e informó que no existe registro en la Dirección de Ingresos sobre recaudaciones por horario extendido para la venta de alcohol en centros de venta.
Fiscalía General refrenda su compromiso para con la sociedad nayarita, en el sentido de actuar ceñida a la ley contra todo acto antijurídico que le sea hecho de conocimiento, máxime si se trata de servidores públicos cuyo compromiso social y legal es actuar con probidad y con arreglo al derecho.
