El Partido Acción Nacional (PAN) acusó al gobierno federal de ejercer persecución política contra la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, al señalar que el citatorio emitido por la Fiscalía General de la República (FGR) forma parte de una estrategia para presionar a la oposición. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, afirmó que Morena utiliza de manera facciosa las instituciones del Estado, en particular la FGR, para hostigar a mandatarios que no forman parte del oficialismo.
Maru Campos fue requerida por la FGR para comparecer el próximo 27 de mayo en el marco de una carpeta de investigación vinculada al desmantelamiento de un narcolaboratorio en Chihuahua y a la presencia de agentes estadounidenses durante el operativo. El gobierno estatal calificó el citatorio como inconstitucional y advirtió que vulnera el fuero que protege a los gobernadores en ejercicio, sostuvo un comunicado de la administración chihuahuense.
El PAN aprovechó el caso para cuestionar la reforma judicial impulsada por la bancada de Morena y señalar que el nuevo diseño podría profundizar el uso politizado de la justicia. Romero Herrera advirtió que ya se evidencia un doble criterio al aplicar la ley: mientras mandatarios opositores son citados y sometidos a presión, gobernadores alineados al gobierno federal enfrentan menos escrutinio, pese a señalamientos de presuntos vínculos con el crimen organizado.
En Chihuahua, la bancada del PAN en el Congreso del Estado reiteró su respaldo a Maru Campos y advirtió que el caso representa un intento de presión política contra la administración estatal. El grupo parlamentario consideró que el citatorio no responde a razones jurídicas consistentes, sino a un objetivo de debilitar al gobierno panista en un escenario de polarización nacional previo al año electoral.
El PAN anunció que prepara una defensa nacional para su gobernadora y convocó a movilizaciones ciudadanas en distintas entidades para denunciar lo que calificó como un ataque institucional contra la oposición. La dirigencia blanca adelantó que, en los próximos días, dará a conocer una estrategia política y legal para confrontar el uso de la FGR y la eventual reforma judicial, que en su visión consolida el control político del poder judicial.
En medio de la polémica, el caso de Maru Campos se ha convertido en un símbolo de la disputa federal por el control de la justicia y el uso de la FGR contra adversarios. Mientras el gobierno de Morena sostiene que compacta cuentas por supuestos excesos de poder y vínculos con el crimen organizado, el PAN insiste en que el citatorio es un ejemplo de persecución selectiva y pone en duda la imparcialidad del nuevo esquema judicial.
