El gobierno mexicano formalizó ante las autoridades judiciales de Argentina la solicitud de extradición del excontralmirante Fernando Farías Laguna, exfuncionario de la Secretaría de Marina señalado por presuntamente encabezar una red de huachicol fiscal que operaba a través del puerto de Altamira, Tamaulipas. Sin embargo, la presentación del documento llegó sin las pruebas que, según la normativa aplicable, deben respaldar y justificar el proceso de entrega.
El defensor legal del exmilitar, Epigmenio Mendieta, confirmó que la solicitud ya fue recibida por el juez argentino a través de los canales diplomáticos de la Cancillería, pero advirtió que el Estado mexicano no anexó los elementos probatorios requeridos. Según el abogado, el juez no emitirá ninguna resolución hasta contar con la totalidad de los documentos, lo que deja el proceso en un estado de espera técnica.
Paralelo al trámite de extradición, Farías Laguna presentó una solicitud de asilo por razones humanitarias ante las autoridades argentinas. El exmilitar argumenta que no cuenta con garantías procesales en México y que su integridad física podría estar en riesgo, en parte por el contexto de violencia que rodea al caso: dos marinos fallecieron días después de que en septiembre de 2025 se asegurara el buque Challenge Procyon con hidrocarburos ilegales a bordo y se detuviera a once funcionarios vinculados a la operación.
De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), la red presuntamente operada por Farías Laguna utilizó más de 30 embarcaciones para introducir ilegalmente hidrocarburos al país, camuflados como productos lícitos —entre ellos lubricantes— con el objetivo de evadir el pago de impuestos aduaneros. La orden de aprehensión en su contra fue librada desde agosto de 2025, y su detención se concretó el 23 de abril del año siguiente en territorio argentino.
Una de las denuncias más graves del caso gira en torno al acceso restringido al expediente. La defensa asegura haber recibido apenas entre el 40 y el 45 por ciento de los 28 tomos, 75 anexos y dos cuadernillos especiales que integran la carpeta de investigación. Mendieta sostiene que la FGR retiene deliberadamente parte del expediente porque en él figuran testimonios que involucran a funcionarios de la administración federal actual, entre ellos, según reveló el abogado, el nombre de Adán Augusto López Hernández como uno de los señalados por los testigos.
El hermano del excontralmirante, identificado como Manuel Roberto N, enfrenta una situación procesal distinta pero igualmente cuestionada. Su caso lleva más de un año en etapa de investigación porque la FGR solicitó al juez federal tiempo adicional para reunir pruebas, lo que ha prolongado su detención preventiva sin que el juicio haya comenzado. Para la defensa, este patrón revela una práctica preocupante: se detiene primero y se investiga después, en lugar de sustentar la acusación antes de privar de la libertad a los imputados.
La resolución del caso Farías Laguna dependerá ahora de las decisiones que tome la judicatura argentina, que deberá ponderar ambas solicitudes —extradición y asilo— de manera simultánea. Si el juez determina que no procede la entrega del exmilitar a México, podría abrirse la puerta al otorgamiento de alguna figura de protección internacional. El resultado marcará un precedente relevante sobre las garantías procesales que México ofrece a sus imputados y sobre la solidez jurídica con la que el Estado presenta sus casos en el exterior.
