La PGR había reservado el contrato en su totalidad, sin embargo, se determinó procedente la entrega en versión pública, protegiendo solo las especificaciones técnicas y métodos de operatividad del software.
La Unidad de inteligencia Financiera indaga el origen y destino de los recursos federales que la entonces PGR gastó entre 2013 y 2014, pero no justificó