Jesús Murillo Karam fue el procurador General de la República antes de que la institución pasara a ser una fiscalía (FGR). Sin embargo, tanto él como otros ex funcionarios de la Visitaduría General habrían hecho un uso indebido de las atribuciones y facultades que les correspondían con un posible desvío de 102 millones 519 mil 297 pesos investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Conocido por haber establecido “la verdad histórica” en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ex procurador sostuvo funciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Ahora, la UIF se encuentra preparando diversas denuncias en contra de los implicados.
La institución dirigida por Santiago Nieto indaga el origen y destino de recursos federales que la PGR gastó entre 2013 y 2014 sin justificación alguna. De acuerdo con El Universal, hasta el momento se desconoce el destino que tuvo ese dinero.
El medio dio a conocer que lo que se sabe del dinero es que fue repartido entre 189 informantes que recibieron por “gratificaciones extraordinarias” más de ocho millones de pesos. Entre estos pagos se destaca el que se hizo a un ex colaborador de Javier Duarte Ochoa, quien fue gobernador del estado de Veracruz.
Los documentos a los que tuvo acceso la periodista Diana Lastiri revelaron que estos recursos pertenecían a la partida de Gastos de Seguridad Pública Nacional, de los que solo fueron asignados y justificados 144 millones 586 mil 622.11 pesos entre 2013 y 2014.
Sin embargo, la acreditación de esos gastos no tuvo como anexo la entrega de alguna factura o recibo y el dinero fue utilizado en conceptos distintos a los que había sido asignado.
Los 102 millones de pesos de destino desconocido intentaron justificarse por parte de la institución en 296 expedientes de actas de circunstancias. En ellas se dividen estos gastos en pagos a informantes, operaciones encubiertas, gastos de investigación, apoyo a víctimas, gratificaciones extraordinarias por apoyo en funciones especiales y traslado de los detenidos.
Sin embargo, la mayor parte del dinero fue dirigida a los gastos de investigación con 57 millones 390 mil 115 pesos y a las operaciones encubiertas que se llevaron 28 millones 85 mil 625 pesos.
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