La Fiscalía General del Estado obtuvo por parte de un Juez de Control auto de vinculación a proceso contra Jorge Luis “N” y Emmanuel “N”, por su probable participación en hechos que según apreciación de la ley constituyen el delito de secuestro exprés, cometido contra una persona de sexo masculino de identidad reservada.
Sobre los hechos, se tiene conocimiento que el día 18 de julio de este año, momentos antes de las 16:30 horas, la víctima conducía su vehículo por la carretera que va de La Presa a El Papalote, en el municipio de Santiago Ixcuintla, y en el crucero de El Papalote los dos imputados a bordo de motocicletas se acercaron al costado izquierdo de su vehículo, obligándolo a estacionarse.
Una vez hecho lo anterior, la víctima descendió de su vehículo y Jorge Luis \"N\" le arrebató violentamente las llaves del auto mientras lo amenazaba con una navaja en la espalda. Luego lo colocaron en el asiento trasero de su propio vehículo, acompañado por Emmanuel \"N\", mientras que Jorge Luis \"N\" asumió el rol de conductor. A partir de ese momento mantuvieron a la víctima privada de su libertad.
Posteriormente, se dirigieron a dos sucursales bancarias en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, donde la víctima fue obligada a retirar efectivo y entregárselo a Emmanuel \"N\". Luego, en el mismo vehículo, la víctima realizó cuatro transferencias electrónicas desde su cuenta personal a una cuenta proporcionada por Jorge Luis \"N\".
Finalmente llevaron al afectado a la localidad Villa Hidalgo, donde lo mantuvieron cautivo hasta alrededor de las 19:20 horas del mismo día 18 de julio. Luego, regresaron al lugar donde habían dejado las motocicletas.
Por lo anterior, el Ministerio Público inició la carpeta de investigación y recabó los elementos de prueba pertinentes, mismos que expuso ante un Juez de Control, quien los consideró suficientes para dictar auto de vinculación a proceso contra los imputados, a quienes además fijó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa y estableció el plazo de dos meses para el cierre de las investigaciones complementarias, tiempo en que la autoridad ministerial habrá de recopilar mayores datos de prueba en contra del imputado, para posteriormente continuar el procedimiento legal.
