Una investigación periodística reveló que la senadora Yeidckol Polevnsky, exdirigente nacional de Morena y actual legisladora del Partido del Trabajo (PT), mantiene en la nómina de su oficina en el Senado a al menos cuatro familiares cercanos, contraviniendo el discurso oficial contra el nepotismo promovido por la coalición de la Cuarta Transformación.
Entre los familiares identificados se encuentran Tonantzin Ibáñez Camacho (hermana), quien percibe 60 mil pesos mensuales como asesora; Alexia Almaguer Granados (nieta), con un sueldo de 40 mil pesos; y Yolotl Fernanda Enriquez Ibáñez (sobrina), también con percepciones de 40 mil pesos mensuales. Además, se registra a Martha Arlette Granados Ibáñez, otra familiar cuyo parentesco exacto no fue especificado en los documentos públicos.
Los registros administrativos oficiales y las declaraciones patrimoniales confirman la contratación de estos familiares como asesoras dentro de la estructura de trabajo de la senadora. Sin embargo, integrantes del propio equipo de Polevnsky señalaron que estos familiares no son vistos de manera regular en la oficina durante el horario laboral, lo que genera cuestionamientos sobre el desempeño efectivo de sus funciones.
Pese a la evidencia documental disponible, la legisladora federal negó públicamente tener a sus hermanas contratadas en su equipo cuando fue cuestionada por medios de comunicación. "Hermanas no tengo, no, no, no, ni nada por el estilo", declaró Polevnsky, contradiciendo los registros oficiales que confirman la relación laboral.
La senadora defendió su postura argumentando que el nepotismo implica heredar cargos, no contratar a familiares que, según ella, cuentan con méritos propios. "Hay familias muy grandes que cada uno tiene sus propios méritos y a lo mejor dentro con sus propios méritos cada uno puede tener diferentes puestos o cargos. Lo que no es el heredarlo", explicó la legisladora del PT.
Este caso pone en evidencia las contradicciones dentro de la coalición oficialista respecto al combate al nepotismo, uno de los ejes del discurso gubernamental. La práctica de contratar familiares en cargos públicos con salarios que oscilan entre 40 y 60 mil pesos mensuales contrasta con los llamados presidenciales para erradicar estas prácticas en la administración pública federal.
