La diputada Ana Lília Herrera Anzaldo (PRI) calificó como irracional que, en plena crisis económica, el Gobierno Federal desaparezca el Fideicomiso “Bachillerato General en sus modalidades no escolarizada y mixta” y afecte a casi un millón de jóvenes con discapacidad o en condiciones de vulnerabilidad que ejercen su derecho a la educación pública, gratuita y obligatoria.
En un comunicado, solicitó a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no extinga el fideicomiso y renuncie a despojar los 144.9 millones de pesos que se asignaron en el ejercicio fiscal 2020, recursos de los cuales dependen la Preparatoria Abierta y Educación Media Superior a Distancia, los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED) y Mi entorno Virtual de Aprendizaje (Mieva–Preparatoria Abierta).
A la Secretaría de Educación Pública (SEP) demandó que remita al Poder Legislativo un informe con el número de población beneficiada en esta Administración y las acciones tomadas para fortalecer el programa de enseñanza no escolarizada.
“Hacemos un llamado al Gobierno Federal a no retroceder en los derechos adquiridos y acciones afirmativas en favor de los grupos de población más vulnerables, derechos y asignación presupuestal que han sido respetados en la pluralidad, lograda al paso de los años y de las administraciones, con el simple propósito de lograr la igualdad, el acceso a la educación y la no discriminación”, expuso la legisladora.
A pesar de la crisis económica, dijo, hay programas fundamentales para la educación especial, como el CAED y la educación a distancia que no pueden reemplazarse, pero sí fortalecerse, “hagámoslo en beneficio de quienes lo necesitan, incluyendo a las y los maestros que participan en esta modalidad educativa, garantizando su permanencia laboral”.
Los recortes al rubro de educación han sido sistemáticos en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020; el partido en el poder y sus aliados desaparecieron el “Programa para la Inclusión y la Equidad Educativa”, que en 2019 destinó más de mil 95 millones de pesos, para atender necesidades de personas con discapacidad.
Herrera Anzaldo aseguró que la disminución se hizo a pesar de que la Subsecretaría de Educación Media Superior estableció que “la discapacidad es una condición, no un impedimento para que las personas continúen sus estudios y se capaciten para desempeñar un trabajo”.
\r