Un juez federal ordenó la reapertura de la investigación contra La Luz del Mundo y su líder Naasón Joaquín García por delincuencia organizada, revocando la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de cerrar el caso. La resolución representa un revés significativo para la Fiscalía, que había defendido el no ejercicio de la acción penal durante la audiencia.
El fallo se produjo tras la impugnación presentada por sobrevivientes de presuntos abusos dentro de la organización religiosa, quienes denunciaron la existencia de una red de delitos que incluiría trata de personas, explotación sexual, pornografía infantil y lavado de dinero en los niveles más altos de la iglesia. Entre los testimonios destacan los de Sochil Martin y Sharim Guzmán, testigos clave en procesos judiciales en Estados Unidos.
Naasón Joaquín García cumple actualmente una condena superior a 16 años de prisión en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores. Las sobrevivientes han insistido en que las investigaciones en México no han abordado la dimensión completa de la presunta estructura criminal que operaba dentro de la organización religiosa.
Durante la audiencia judicial, la representación de la FGR sostuvo su decisión de no proceder penalmente e incluso solicitó al juez validar el cierre de la carpeta, pese a compromisos públicos previos de autoridades federales para reabrir el caso. Sin embargo, tras analizar los argumentos de las víctimas y sus asesores legales, el juez de control determinó revocar dicha resolución.
El caso también ha evidenciado presuntas omisiones en materia de cooperación internacional. De acuerdo con lo expuesto en la audiencia, autoridades mexicanas no habrían atendido solicitudes de información provenientes de instancias estadounidenses, incluyendo el Departamento de Justicia, la DEA, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y la Unidad de Inteligencia Financiera.
La reapertura del expediente coloca nuevamente al Poder Judicial como un actor clave en el proceso, al revertir una determinación ministerial y reabrir la posibilidad de que las víctimas accedan a justicia en México. Con esta decisión, los denunciantes buscan que se investigue a todos los posibles implicados en la presunta red criminal y que se finquen responsabilidades más allá del líder religioso.
