El exmagistrado del Poder Judicial de Nayarit, Rodrigo Benítez Pérez, presentó una denuncia contra el gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, y varios altos funcionarios, acusándolos de tentativa de homicidio calificado, tortura y abuso de autoridad, entre otros delitos.
De acuerdo con información de la periodista Karina Cancino, Benítez Pérez relató que el 14 de octubre de 2024, el mismo día en que la Fiscalía General de la República solicitó su juicio de procedencia ante el Congreso del Estado, fue atacado con una navaja al salir de una reunión en la sede del Poder Judicial. Según su testimonio, su agresor le dijo: “Haz que parezca un suicidio”, frase que él vincula con expresiones utilizadas por el gobernador sobre su administración.
El exmagistrado presentó su denuncia inicial el 21 de octubre de 2024 ante la Unidad de Investigación de Delitos contra la Integridad Corporal y la amplió el 17 de febrero de 2025, aportando pruebas como documentos y la camisa que vestía el día del ataque, con rastros de sangre.
Entre los señalados en la denuncia también figuran José Gabriel Camarena Morales, coordinador jurídico del Gobierno del Estado; Petronilo Díaz Ponce Medrano, fiscal general de Nayarit; Daniel Cortés Araujo, subfiscal general; Diana López Zurita, jefa de asesores del Gobierno del Estado; Rocío Esther González García, secretaria general de Gobierno; Aracely Ávalos Lemus, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia; Elvia Ludmila Heredia Verdugo, directora general de FIBBA, además de otras personas aún no identificadas.
Los delitos denunciados incluyen amenazas graves, extorsión, lesiones calificadas, abuso de autoridad, intimidación, delitos contra el orden constitucional del Estado, asociación delictuosa, tráfico de influencias, falsedad de declaraciones, tortura y los que resulten.
Benítez Pérez fue separado de su cargo como magistrado el 21 de noviembre de 2024, luego de que el Congreso de Nayarit aprobó su destitución en el marco del juicio de procedencia PDP-CE 01/2024. La FGR lo acusa de presunta violación de una subalterna, tráfico de influencias y obstrucción de investigaciones sobre desapariciones forzadas.
Hasta ahora, las autoridades mencionadas no han emitido ninguna declaración sobre estas acusaciones.
