El Grupo Parlamentario del PRI urgió a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a que intensifique las verificaciones de los hospitales privados que atienden a pacientes con Covid-19, ya que algunos se han aprovechado para cobrar precios exorbitantes por sus servicios.
Agregó que en caso de detectar abusos, debe sancionar de manera ejemplar a los que incurran en irregularidades.
Mediante un comunicado, indicó que con ese objetivo, la diputada Frinné Azuara Yarzábal presentó un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, a fin de evitar que pacientes y sus familiares sean víctimas de la voracidad de los hospitales privados.
La legisladora refirió que de acuerdo con los datos del tabulador de costos de los servicios médicos del Catálogo Universal de Servicios Esenciales de Salud (CAUSES) vigente para el 2019, la atención de la neumonía en adultos se calcula en 23 mil 842 pesos, considerando la admisión, consultas y hospitalización durante ocho días, excepto medicamentos; asimismo, el costo por día en terapia intensiva se calcula en 26 mil 778 pesos. Actualmente "si un paciente permanece ocho días en terapia intensiva, el costo se incrementa a por lo menos 238 mil 63 pesos", señaló.
Mencionó que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros reconoció que el costo por tratamiento en hospitales privados aumentó 51% en siete semanas, ya que pasó de los 300 mil pesos en promedio a 452 mil 918 al 8 de junio.
Comentó que según la Asociación Mexicana de Seguros y Fianzas estimó que los casos más graves que requieren hospitalización por el Covid-19 podrían gastar entre 700 mil y 2 millones de pesos.
Azuara Yarzábal explicó que los servicios médicos privados son caros y que la batalla que se libra es contra una enfermedad nueva, pero "los precios son descomunales por atender a un paciente de coronavirus".
“Esta situación denota una falta de solidaridad y apoyo con las familias, que aparte de estar enfrentando el infortunio de tener algún enfermo grave por Covid-19, ahora tienen el reto de pagar cuantiosas cantidades de dinero a las instituciones que han lucrado con el dolor y la necesidad de muchas familias, sobre todo de clase media”, expresó.
La legisladora por San Luis Potosí señaló la necesidad de que la Profeco verifique los precios máximos establecidos en los términos de la Ley Federal de Competencia Económica, así como los precios y tarifas que conforme a lo dispuesto por otras disposiciones sean determinados por las autoridades competentes.
"La investigación se acredita, luego de que el Gobierno federal suscribió el convenio de colaboración entre la Secretaría de Salud, la Asociación Nacional de Hospitales Privados y el Consorcio Mexicano de Hospitales, a fin de garantizar la atención a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad y poner a disposición de la federación, la mitad de las camas de los 146 hospitales privados", concluyó.
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